7 enero 1936

PORTELA DISUELVE LAS CORTES Y CONCOVOCA ELECCIONES

Portela Valladares

El segundo Gabinete Portela no ha aguantado más. Tras el Consejo de Ministros, el jefe de Gobierno ha visitado al presidente de la República, señor Alcalá-Zamora, y de regreso a Presidencia ha comunicado la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales.[1] La primera vuelta se celebrará el domingo 17 de febrero y la segunda, en las circunscripciones que lo requirieran, dos semanas después, el domingo uno de marzo. En el pensamiento del señor Portela estaba el no haber hecho uso del decreto de disolución hasta «bien entrado el mes de febrero y convocar las elecciones a finales de abril»,[2] pero la fuerte presión creada en torno a la convocatoria de la Diputación Permanente de las Cortes y las adhesiones que ha recabado la petición presentada por los partidos de las derechas en otras instancias del Estado han precipitado su decisión.

Hasta ayer noche, la posición del Gobierno parecía gozar de cierta ventaja en Diputación Permanente. Esta ventaja comenzó a resquebrarse con el cambio de opinión de don Melquíades Álvarez. Lo más que podía hacer sería abstenerse, había anunciado en su tertulia del Casino.[3] Su única oportunidad para revalidar el escaño por Asturias es ir de manos de la Ceda, lo que sería inviable si votara en contra de la propuesta apoyada por dicha agrupación. 

También ha habido cambio de postura en los partidos republicanos. Sin serle comunicada oficialmente, el Gobierno tuvo constancia a última hora de la tarde de ayer del análisis realizado por el señor Sánchez-Román: respalda la legalidad de los decretos aprobados y la falta de competencia de Diputación Permanente para examinar el fondo del asunto, pero —y aquí es donde está el fondo de la cuestión— dada la fuerte impronta parlamentaria de la Constitución, no podía oponerse a su discusión en el pleno de las Cortes.[4] Por mucho que a otros juristas les parezca un sinsentido la interpretación dada por el prestigioso abogado, en estas condiciones, el Gobierno no podía arriesgarse a perder una votación que sentaría un peligroso precedente. In extenso, la convocatoria de plenos dejaría de radicar en el presidente del Parlamento y la facultad del presidente de la República quedaría en suspenso, a merced de la voluntad de que un diez por ciento de diputados —los exigidos por el reglamento de la Cámara—[5] determinen encararse con el presidente del Consejo o sus ministros.[6]

Dura intervención de Maura en la Diputación Permanente de las Cortes

La Diputación Permanente se ha reunido a las cinco y media, como estaba previsto. Como viene siendo habitual, no han acudido los representantes socialistas, señores Largo Caballero Lozano. Tampoco lo ha hecho el señor Blasco-Ibáñez,[7] de la Unión Republicana Autonomista. Tras debatir diversos trámites pendientes ha abordado el último punto del Orden del día: la acusación contra los miembros del Gobierno por los decretos de suspensión de sesiones y prórroga del Presupuesto. Antes de comenzar la discusión, por su relación con el tema a tratar, el presidente, señor Alba, ha mandado leer los decretos de disolución y convocatoria de elecciones firmados por el señor Alcalá-Zamora, y ha advertido que no cabía hoy iniciar discusión sobre ellos. 

El primero hablar ha sido don Miguel Maura. En una dura intervención ha sostenido la legalidad de la petición presentada; ha dicho del «Gobierno que no tiene más significación que la de favorito del presidente de la República» y ha acusado al señor Portela de desconsideración con las Cortes. Su apasionado lenguaje ha ido subiendo de tono y, tras remitirse al coste personal que en su momento le supuso romper con la Monarquía, ha afirmado que «no tiene nada que ver ni de cerca ni de lejos con esta República que ni es la del 14 de abril, ni tiene que ver con la del 14 de abril». A renglón seguido, ha acusado a la más alta magistratura del estado de «hacer bueno lo que la Monarquía realizó en los últimos tiempos».[8]

Después del señor Maura ha tomado la palabra el señor Giménez Fernández, representante de Acción Popular. Ha suscrito y aplaudido las palabras del señor Maura y ha dejado constancia de su frustración personal, «tras haber hecho la campaña electoral en noviembre de 1933 al grito de ¡Viva la República!», por estar ocurriendo cosas que nunca creyó posibles. Ha concluido con una breve pero terminante referencia al preámbulo del decreto de disolución que en su momento, no lo dudamos, traerá graves consecuencias: «no se trata de la primera disolución hecha por el señor Alcalá-Zamora, sino la segunda».

Llegados este punto, el señor Martínez Barrio, de Unión Republicana, ha anunciado su retirada de la reunión. Según su criterio, coincidente con el expuesto por el señor Alba, no era posible entablar discusión sobre los decretos hoy firmados. Le siguieron en su postura los señores Rodríguez Pérez, del Partido Nacional Republicano, Santaló, de la Esquerra de Cataluña, Sánchez Albornoz, de Izquierda Republicana y Horn Areilza, nacionalista vasco.[9] Poco después, el presidente ha levantado la sesión por falta de diputados para tomar acuerdos.

Guillermo Ramírez